El Gobierno Nacional decidió implementar un riguroso proceso de auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que podría resultar en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses. Esta medida se debe a la detección de irregularidades en la concesión de dichas pensiones, con el objetivo de asegurar que solo quienes realmente necesiten este apoyo del Estado continúen recibiéndolo.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), junto con la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas, comenzó a auditar aproximadamente 400.000 beneficiarios de estas pensiones. El proceso de revisión se inició en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se extenderá a la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.

Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30 y el 40 por ciento de los casos auditados podrían concluir en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), lo que afectaría a entre 120.000 y 160.000 personas. Estas pensiones representan el 70 por ciento del valor de la jubilación mínima en Argentina.

Criterios de suspensión

Las suspensiones se basan en la identificación de irregularidades en la concesión de estas pensiones durante administraciones anteriores. Una primera revisión de 2.559 casos reveló que solo el 7 por ciento cumplía con los requisitos legales, lo que motivó la intensificación de las auditorías. Las irregularidades incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes y la concesión de pensiones a personas que no cumplen con los criterios de invalidez laboral.

Además, se detectaron incompatibilidades en alrededor del 35 por ciento de las pensiones otorgadas, principalmente relacionadas con la posesión de bienes no declarados, empleo formal y condiciones médicas que no justifican la invalidez.

Quiénes serán los afectados

Los más afectados serán quienes reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios establecidos. Estas pensiones están destinadas a personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Es importante destacar que estas pensiones son incompatibles con otros beneficios del Estado, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.

Entre los principales afectados se encuentran aquellos cuyos problemas de salud no justifican la pensión, quienes poseen bienes significativos o cuentan con un empleo formal. También están bajo revisión los casos donde la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa o fraudulenta, como las radiografías de animales que se usaron para obtener pensiones.

Proceso de revisión y consecuencias legales

El proceso de auditoría ya está en marcha en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y se extenderá al resto del país en los próximos meses. En paralelo, se iniciaron denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas. La ANDIS, en coordinación con el Ministerio de Salud y la justicia, busca no solo depurar el sistema de pensiones sino también responsabilizar a quienes participaron en la gestión indebida de estos recursos.

El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, afirmó que estas auditorías no tienen como objetivo perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar los casos en que la pensión fue otorgada de manera fraudulenta, restaurando la transparencia en el sistema y asegurando que los recursos del Estado se destinen a quienes realmente lo requieren.