El análisis del superávit fiscal de junio revela una serie de maniobras cuestionables por parte del gobierno, encabezado por el Ministro de Economía, Luis Caputo. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el superávit se logró a costa de profundos recortes y la postergación de pagos en áreas críticas como infraestructura, jubilaciones, subsidios, y programas sociales.

La estrategia del gobierno ha sido reducir drásticamente las obras de infraestructura en un 74,4%, las jubilaciones en un 17,8% y los subsidios en un 74,2%. El sector energético fue el más afectado, con una caída del 81,2% en los pagos a CAMMESA, lo que agrava la crisis energética y anticipa posibles cortes masivos de luz en verano. Además, las Universidades Nacionales vieron una reducción del 82% en términos nominales respecto al año anterior, y un 95% en términos reales, impactando gravemente en su funcionamiento.

La caída del 47% en los fondos destinados a "Otros programas" afectó iniciativas como la Tarjeta Alimentar, transferencias a comedores comunitarios, el exprograma Potenciar Trabajo y el programa Acompañar. CEPA destaca que en políticas alimentarias se devengaron $159.000 millones que no fueron pagados y que el programa Hogar no tuvo cronograma de pago en junio.

Si el gobierno hubiera destinado los mismos recursos que en mayo a estos sectores, habría enfrentado un déficit fiscal de $700.000 millones y un déficit financiero de $1 billón. En cambio, recurrió a la emisión de $20 billones en letras del Tesoro para absorber la deuda del BCRA, una medida que puede tener consecuencias inflacionarias a mediano plazo.

Esta situación no solo muestra una gestión cuestionable de los recursos públicos, sino también una falta de compromiso con sectores vulnerables y estratégicos para el desarrollo del país. Las críticas hacia Caputo y su equipo son fundamentadas, ya que las decisiones tomadas priorizan un superávit ficticio sobre el bienestar social y el desarrollo sostenible de la nación.