El tratamiento de la Ley de Bases en el Senado dejó varias aristas para seguir analizando la postura del Gobierno Nacional, no solamente en materia económica y política, sino también en cuanto a lo ideológico. Durante las protestas que se llevaron a cabo en las afueras del Congreso, las fuerzas de seguridad realizaron arrestos arbitrarios y las personas detenidas ya llevan más de dos días encerradas.

Es sabido que mientras en el recinto se debatían los puntos principales del proyecto enviado por el Ejecutivo, en los alrededores había una masiva concentración para intentar evitar su aprobación. La situación y el clima eran pacíficos, pero, casualmente, de un momento a otro todo se desmadró y la Policía comenzó una feroz represión contra los manifestantes.

Allí se desató una verdadera caería al voleo, donde los más curioso es que aquellos que estaban generando los desmanes e incendiando autos no fueron aprehendidos. Por el contrario, en el marco del megaoperativo de la Policía Federal y la Gendarmería, los agentes arrestaron a personas al azar, muchas de las cuales no estaban vinculadas a los incidentes.

Con el correr de las horas se van conociendo cada vez más relatos acerca de las detenciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich. Entre otras tantas víctimas, se encuentra una familia que al momento de la marcha estaba vendiendo choripanes en la vía pública, como así también una señora que estaba filmando con su teléfono la brutal represión.

Esto se traduce en nuevo acto que se suma a la escalada de violencia política e ideológica encarnada por el oficialismo. Pero, además, es un peligro antecedente de disciplinamiento que busca criminalizar la protesta social, debido a que quienes fueron injustamente aprehendidos, están acusados de una supuesta “sedición” contra el gobierno nacional fueron trasladados a las unidades penales de Marcos Paz y Ezeiza.

El objetivo de Javier Milei y sus socios está claro: dejar un mensaje que genere temor ante futuras protestas. Las falsas y absurdas acusaciones como figuras penales que no se ajusten a la realidad, sumado a la brutal represión y al calvario que están viviendo las víctimas, tiene como propósito evitar que el pueble se movilice para mostrar su descontento con las medidas económicas.

Son al menos 33 los detenidos acusados de terrorismo. Esta insólita carátula fue alimentada a través de un descabellado comunicado difundido por las redes sociales oficiales, en las que el Gobierno Nacional se victimizaba alegando un presunto intento de golpe de Estado, por lo que el fiscal Carlos Stornelli solicitó la prisión preventiva y les imputó 15 delitos, entre ellos contra el orden constitucional.

Ante tan absurda situación que tan solo busca disciplinar, varis dirigentes políticos, diputados nacionales y representantes de organismos de derechos repudiaron la brutal represión y exigir la liberación inmediata de todos los detenidos durante las manifestaciones del pasado miércoles contra la Ley Bases.