En la semana del Ni Una Menos y con un aumento en las cifras de femicidios, el Gobierno ha decidido disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la cual había quedado como el remanente del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Esta entidad era responsable de implementar políticas integrales para prevenir y asistir a víctimas y familiares de violencia de género. Hace dos semanas, la Subsecretaría había sido transferida del área de Capital Humano a la cartera de Justicia, donde algunas de sus funciones serían absorbidas. Este jueves se conoció la renuncia “indeclinable” de Claudia Barcia, quien dirigía la Subsecretaría desde febrero. En su carta de renuncia, Barcia explicó que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, le comunicó por WhatsApp que la Subsecretaría "dejará de existir". La medida fue confirmada por el Ministerio de Justicia.

Esta decisión representa un retroceso significativo, ya que la Subsecretaría era la única estructura institucional en el Ejecutivo dedicada a combatir la violencia de género. Según la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, el Gobierno está obligado a mantener un área específica para este fin. El mensaje es claro: el Gobierno no está dando prioridad a la violencia de género, una problemática que cobra vidas casi a diario, mayormente a manos de parejas o exparejas, según estadísticas oficiales.

En su renuncia, Barcia mencionó: “Me dirijo a Uds. a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de WhatsApp a las 19:57 horas por parte del secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha”.

Barcia, conocida por su falta de declaraciones públicas y entrevistas desde que asumió el cargo hace cinco meses, no acudió a su oficina este jueves ni se despidió de las trabajadoras. Ante esta situación, las 650 trabajadoras restantes del área se encuentran en estado de asamblea debido a la incertidumbre sobre su futuro. Algunas pasarían a la Secretaría de Derechos Humanos y otras a la de Justicia, pero no se descarta que un porcentaje significativo sea despedido, como parte del recorte de empleados públicos anunciado por el presidente Javier Milei. Este mediodía, las trabajadoras realizaron una radio abierta frente a una de las sedes de la Subsecretaría en Paseo Colón 181, informando que los despidos podrían alcanzar al 80 por ciento de la planta del ex Ministerio de MGyD.

“A pocas horas de la manifestación Ni Una Menos, el Gobierno aplica su pedagogía del castigo y amenaza con unos 400 despidos además de disolver la Subsecretaría. Vamos a seguir organizadxs y en total solidaridad con la organización sindical del sector, apoyando todas las medidas y acudiendo a instancias internacionales para denunciar la situación si hiciera falta", declaró Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos, a Página 12.

Con la disolución de la Subsecretaría, quedarían alrededor de 150 trabajadores en el área. “Es muy impactante comprobar cómo pueden sentir orgullo de pisotear el trabajo y la legitimación de una agenda construida de manera colectiva y que trasciende las gestiones políticas. Muestra ignorancia de las obligaciones jurídicas del Estado a nivel nacional --el artículo 8 de la ley 26.485 establece la creación de una autoridad competente para aplicar la ley y el impulso de políticas públicas-- y de las obligaciones internacionales. Tendrán que rendir cuentas sobre esto”, advirtió Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

En seis meses de gestión, el Gobierno de Milei desfinanció, desarticuló y vació las políticas orientadas a prevenir, atender y proteger a mujeres y diversidades en situación de violencia. El presupuesto vigente de la Subsecretaría ya era un 62 por ciento más bajo que el de 2023, según un relevamiento de ELA y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

“La disolución de la Subsecretaría implica un desprecio brutal por lo público y necesitamos el Estado para proteger, acompañar, asistir a las víctimas de violencia de género y reducir brechas de desigualdad”, señaló Estela Díaz, a cargo del único Ministerio de Mujeres y Diversidades que queda en el país. Díaz destacó que varias provincias han seguido el ejemplo del gobierno nacional, reduciendo sus áreas de género de ministerios a secretarías o subsecretarías, lo cual representa un retroceso en las políticas de protección a mujeres y diversidades.

“Acá hay una planificación para profundizar la desigualdad y el desamparo. Es muy grave y tiene costos en vidas. Y significa una falta de respeto a nuestro marco normativo y a las obligaciones que tiene el Gobierno Nacional para con el país entero”, agregó Díaz. Mabel Bianco, titular de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), también criticó la medida, destacando la importancia de la Línea 144 y el Registro Único de casos para la prevención y análisis de la violencia de género. La diputada justicialista Mónica Macha advirtió que la disolución del área envía un mensaje a la sociedad de que la violencia contra las mujeres no importa.