Tras una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, la justicia federal llevó a cabo 27 allanamientos en comedores de movimientos sociales y residencias de sus líderes. Las incursiones, realizadas durante la madrugada, afectaron a miembros del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie. Según el ministerio, las acusaciones se basan en denuncias recibidas a través de la línea 134.

En total, 22 líderes comunitarios están siendo investigados por una serie de delitos, incluyendo la presunta coacción a beneficiarios de programas sociales para que participen en manifestaciones. Se afirma también que se realizaron pagos para incentivar la participación en protestas y que se amenazó con quitarles el beneficio del plan social a quienes se negaran. Además, se señala que los investigados podrían haber desviado alimentos enviados por el Estado a los comedores comunitarios.

Las acusaciones también incluyen delitos más graves, como la extorsión. Este caso se produce en un contexto en el que el gobierno de Javier Milei está intensificando sus acciones para desarticular a las organizaciones sociales, reprimiendo las protestas y desfinanciando programas que generan trabajo en las comunidades.

El expediente está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien ordenó los allanamientos que se llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y localidades del Conurbano, sin realizar detenciones.

En respuesta, Carlos Fernández, del FOL, denunció un trato desproporcionado durante el allanamiento en su casa en Escobar, describiendo cómo la policía irrumpió en su hogar durante la madrugada y confiscó teléfonos celulares y computadoras. Según Fernández, estos allanamientos tienen como objetivo intimidar a los miembros de las organizaciones sociales.

Las organizaciones involucradas se están reuniendo para analizar la situación y planificar una conferencia de prensa.