La relación entre el Gobierno nacional y el campo atraviesa un momento crítico tras el anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de avanzar con una reforma profunda del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La propuesta contempla fuertes recortes, cambios en la conducción y el fin de su autonomía institucional.

En declaraciones recientes, Sturzenegger desató la polémica al preguntar “¿Qué hace el INTA?” y cuestionar que el organismo cuente con “6000 empleados, 3000 vehículos” y un presupuesto que “equivale a la mitad de las retenciones al maíz”. Según el funcionario, el Instituto necesita una reestructuración total que incluye eliminar su directorio —integrado por representantes públicos y privados del agro— y centralizar las decisiones en el Poder Ejecutivo.

La Mesa de Enlace no tardó en responder. Mediante un comunicado, las entidades agropecuarias nucleadas en la Comisión de Enlace rechazaron tres puntos clave de la iniciativa oficial: la pérdida de autarquía, los cambios en el esquema de gobernanza y la eliminación de los centros regionales del INTA. “Los productores necesitan un INTA con amplia territorialidad, que promueva el desarrollo agropecuario en todo el país. Cualquier medida que atente contra eso perjudica a todo el sector”, advirtieron.

Desde Córdoba, los trabajadores del INTA también salieron al cruce. En un informe elaborado por la Estación Experimental Agropecuaria de Marcos Juárez, técnicos e investigadores defendieron el rol del organismo como pieza central para la transferencia tecnológica y la competitividad del agro. Aclararon que el INTA se financia con fondos asignados por el Congreso y provenientes de la Tasa de Estadística a las Importaciones, y afirmaron que “no debe verse como un gasto, sino como una inversión productiva”, citando un informe oficial que estima un retorno de 11 pesos por cada peso invertido.

Además, calificaron como “erradas” las afirmaciones de Sturzenegger y señalaron su “desconocimiento del sector agropecuario”, al ignorar que más de 4 millones de personas trabajan directa o indirectamente en el rubro.

El documento también enumeró los principales aportes del INTA en áreas como soja (más de 120 genotipos evaluados en 70 ambientes), trigo (14 cultivares desarrollados en los últimos seis años), tecnología aplicada como el trigo HB4 tolerante a sequía, sanidad animal y desarrollo agroindustrial exportable.

El conflicto por el INTA abre una grieta inesperada entre el Gobierno y uno de los sectores que más lo respaldó en sus inicios. Para el campo, el Instituto representa una herramienta esencial para la innovación y el desarrollo productivo, y los planes oficiales despiertan preocupación sobre el futuro del organismo y del modelo agropecuario nacional.