A cuatro años de la sanción de la Ley 27.610, que garantiza el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación, Argentina enfrenta un preocupante retroceso en su implementación efectiva. Informes recientes de Amnistía Internacional denuncian una crisis de insumos, desinformación y prácticas dilatorias que obstaculizan el acceso al aborto legal y seguro, especialmente en las regiones más vulnerables del país. 

El informe "También es por vos" detalla cómo la falta de medicamentos esenciales, como misoprostol y mifepristona, junto con la escasez de profesionales capacitados, ha generado una desigualdad territorial alarmante. Además, se señala que la línea 0800 de Salud Sexual, destinada a brindar información y orientación, resulta inaccesible para muchas personas, exacerbando la desinformación y el desconocimiento sobre los derechos reproductivos.

Testimonios recogidos en el informe revelan situaciones de maltrato y desinformación en centros de salud, donde algunas consejerías intentan disuadir a las mujeres de abortar, y se registran dilaciones injustificadas en la atención. Estas prácticas vulneran no solo la ley vigente, sino también los derechos fundamentales de las personas gestantes.

La situación se agrava en el contexto político actual. Desde la asunción del presidente Javier Milei en 2024, se han registrado intentos de derogar la ley de aborto legal y se ha suspendido la provisión de insumos necesarios para su implementación. Milei ha calificado el aborto como "una aberración" y "un asesinato agravado por el vínculo", lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y activistas feministas.  

A pesar de estos desafíos, redes de activismo como Socorristas en Red continúan brindando acompañamiento e información a quienes buscan acceder a un aborto seguro. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos reproductivos, especialmente en contextos donde el Estado no garantiza el acceso equitativo a la salud sexual y reproductiva.

Amnistía Internacional insta al Estado argentino a garantizar la implementación plena de la Ley 27.610, asegurando el abastecimiento de insumos, la capacitación de profesionales y el acceso a información veraz y oportuna. El retroceso en políticas públicas de salud sexual y reproductiva no solo vulnera derechos conquistados, sino que también pone en riesgo la vida y la salud de miles de mujeres y personas gestantes en todo el país.