El intendente de Juntos por el Cambio, Román Bouvier, mira para otro lado mientras la inseguridad y el narcotráfico se comen al pueblo. Compra tierras, acomoda amigos y hace agua en salud y seguridad. La gente estalló.

Rojas, en la provincia de Buenos Aires, se transformó en tierra de nadie. La que supo ser una localidad tranquila hoy está sitiada por el delito: entraderas, escruches, motochorros y robos de autos son cosa de todos los días. Los vecinos, que antes dejaban la puerta abierta y tomaban mate en la vereda, ahora viven con miedo. Se organizan por redes y hacen reuniones para pedir lo básico: seguridad.

Pero el intendente Román Bouvier está en otra. Literalmente. Mientras el pueblo explota, él invierte en campos en Carabelas, una localidad a 15 km del centro. Su mano derecha, Escardino, lo acompaña en cada movida y ambos estarían haciendo negocios con la plata de la municipalidad, según denuncian cada vez más vecinos.

Como si fuera poco, el secretario de Seguridad, Esteban Di Camilo, no tiene ni idea del tema. Es abogado y está ahí por acomodo político. Y eso se nota: no hay respuesta, no hay plan, no hay gestión. Pero sí hay el alumbrado público más caro de toda la zona.

En salud, otro bochorno: con un presupuesto millonario, el hospital está colapsado. Faltan medicamentos, hay demoras eternas y cada vez más quejas. A todo esto, desde el municipio solo llega silencio o excusas.

Y hay más. Según denuncias locales, Bouvier no solo estaría involucrado en manejos dudosos de fondos públicos, sino que en su entorno cercano se encubrirían vínculos con el narcotráfico. La frase que circula en los pasillos es clara: “Mientras el intendente manosea empleadas y el Concejo mira para otro lado, los narcos hacen lo que quieren”.

Rojas está al límite. Y su intendente, bien callado. O bien ocupado.