Hace cuatro décadas, el 22 de abril de 1985, comenzaba en Argentina un hecho sin precedentes en la historia del mundo: el enjuiciamiento a las máximas autoridades de la dictadura por crímenes de lesa humanidad cometidos desde el Estado. El Juicio a las Juntas fue mucho más que un proceso judicial, fue un parteaguas histórico, un gesto fundacional que marcó el pulso ético de la democracia naciente tras el terrorismo de Estado que asoló al país entre 1976 y 1983.

Argentina acababa de salir de la noche más larga de su historia. La dictadura militar dejó un saldo de más de 30 mil desaparecidos, miles de presos políticos, exiliados, torturados y bebés apropiados. La democracia, que volvió con Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, debía construirse sobre las ruinas de ese horror. Pero, a diferencia de otros países de la región y del mundo, el gobierno argentino eligió un camino inédito: la justicia.

Con el Juicio a las Juntas, el Estado democrático se animó a juzgar a quienes habían usurpado el poder y cometido crímenes sistemáticos. El proceso fue encabezado por la Cámara Federal, y no por tribunales militares, como propuso inicialmente Alfonsín. Fue también una apuesta política arriesgada en un contexto donde las Fuerzas Armadas todavía conservaban poder e influencia.

Los testimonios estremecedores, las pruebas acumuladas, la dignidad de las víctimas y el rol central de los organismos de derechos humanos transformaron al juicio en un acto de memoria activa. No se trató solo de justicia penal: fue también una forma de narrar el pasado con verdad, de sentar una ética de la democracia basada en la defensa de los derechos humanos como núcleo irrenunciable.

La sentencia condenó a Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y otros jerarcas, y dejó asentado judicialmente que en Argentina existió un plan sistemático de exterminio. La lectura de ese fallo, el 9 de diciembre de 1985, fue un hito. Pero también fue el comienzo de un largo y complejo camino: vinieron luego las leyes de obediencia debida y punto final, los indultos, y recién con el cambio de siglo se retomó la senda de los juicios por delitos de lesa humanidad.

Fue también un juicio atravesado por escenas que con el tiempo se volvieron emblemas de la lucha por la memoria. “Nunca Más”, la frase que selló una era. El testimonio de Adriana Calvo relatando cómo parió esposada en un patrullero. La voz temblorosa de Raúl Alfonsín anunciando que habría justicia. La imagen de Videla cabizbajo escuchando la sentencia.

Y, también, el alegato inolvidable de Julio Strassera: “Señores jueces, quiero renunciar a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria con una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino: ¡Nunca Más!”. Cada escena, cada palabra, cada gesto, quedó para siempre en la memoria nacional. Fueron momentos en los que la democracia, recién nacida, se puso de pie y habló con la voz de quienes habían sido silenciados.

Hoy, a 40 años, el Juicio a las Juntas sigue siendo un faro. No solo por lo que significó en términos de justicia y reparación, sino porque consolidó un modelo de democracia que puso a la memoria como pilar de su identidad. En un tiempo donde resurgen discursos negacionistas y se banaliza el terrorismo de Estado, recordar ese juicio es también una forma de defender la democracia.

No hubo reconciliación sin justicia. No hay futuro sin memoria.