En una medida que genera fuertes cuestionamientos desde distintos sectores, el gobierno de Javier Milei firmó un decreto que desarma uno de los principales mecanismos institucionales de control sobre el lavado de dinero y la financiación del crimen organizado. Se trata del Decreto 274/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que elimina la posibilidad de que la Unidad de Información Financiera (UIF) se constituya como querellante en causas judiciales.

La decisión llega en un contexto complejo, atravesado por investigaciones sensibles como el escándalo de la criptomoneda $Libra —que involucra presuntamente a funcionarios del Ejecutivo— y la causa Vialidad, que en primera instancia condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ambos casos, la UIF tuvo un rol activo, promoviendo investigaciones y aportando elementos clave.

Un cambio estructural, bajo argumentos poco convincentes

Según el texto oficial firmado por Milei, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, la nueva normativa busca preservar la “autonomía e independencia operativa” del organismo, y alude a una supuesta recomendación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para justificar el retiro de la UIF de los tribunales. Sin embargo, el argumento despierta dudas: hasta ahora, ninguna de esas recomendaciones implicaba dejar de actuar como querellante, sino mejorar los estándares de actuación.

“El efecto práctico de esta decisión es desarticular a uno de los pocos organismos con capacidad técnica y autonomía relativa para seguir el rastro del dinero sucio en el país”, advierten especialistas en derecho financiero y penal económico.

Una UIF reducida a gestora de papeles

A partir de ahora, la UIF solo podrá recolectar y sistematizar información relacionada con operaciones sospechosas. Aunque mantiene la posibilidad de realizar allanamientos o pedir información clave, todos esos datos deberán ser puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal, que será el único facultado para accionar judicialmente.

En otras palabras, la UIF deja de tener iniciativa procesal: observa, reúne y entrega, pero no puede actuar. El nuevo esquema limita su impacto en causas que, históricamente, han revelado redes de corrupción, operaciones ilegales con criptomonedas, vínculos financieros del narcotráfico e incluso ramificaciones con el terrorismo internacional.

Contexto sospechoso, retroceso institucional

La movida del Gobierno no parece inocente. Llega justo cuando la Justicia investiga la presunta implicación de Milei y algunos de sus funcionarios en el caso $Libra, una trama vinculada a estafas con criptomonedas. También ocurre a días de que la Corte Suprema reactivara la causa Vialidad, que tuvo a la UIF como uno de los principales impulsores durante la instrucción.

Además, la decisión fue habilitada gracias a los poderes extraordinarios que el Congreso delegó al Ejecutivo mediante la Ley Bases, bajo la excusa de la “emergencia administrativa, económica y financiera”. Un combo que recuerda a otros momentos oscuros de la historia institucional argentina, en los que se debilitó el control del Estado sobre los flujos económicos ilegales.

¿Hacia una zona liberada para el dinero sucio?

Con este decreto, el Gobierno no solo despoja a la UIF de una herramienta esencial, sino que también debilita el control sobre circuitos económicos cada vez más complejos y opacos. “El mensaje es preocupante: en plena era digital, con un crecimiento exponencial de las operaciones financieras no reguladas, el Estado argentino decide mirar para otro lado”, advierten desde el ámbito judicial.

Lejos de reforzar la lucha contra el crimen financiero, el oficialismo parece decidido a desarmar las pocas estructuras que aún funcionan. Mientras tanto, las causas sensibles se acumulan y la transparencia institucional queda cada vez más relegada frente a intereses políticos y especulativos.