En un nuevo giro de política securitaria, el Gobierno nacional, a través de la ministra Patricia Bullrich y el titular de Defensa Luis Petri, decidió avanzar con un despliegue sin precedentes del Ejército Argentino en zonas de frontera norte. La medida, justificada como una respuesta al narcotráfico, despierta fuertes críticas de especialistas, organismos de derechos humanos y referentes políticos, no sólo por su dudosa efectividad sino por los oscuros simbolismos que la acompañan.

El operativo lleva el nombre de "Julio Argentino Roca", una decisión cargada de provocación, que coincide con un nuevo aniversario de la Campaña del Desierto, considerada por numerosos historiadores y comunidades originarias como un genocidio fundante del Estado argentino. El despliegue incluirá a 1.300 soldados apostados entre Salvador Mazza y Misión La Paz, cubriendo 150 kilómetros de frontera con Bolivia. Según informó el Ministerio de Defensa, el plan contempla una rotación total de 10 mil efectivos.

Pero el simbolismo no se detiene en el nombre. También se confirmó la participación del Regimiento de Infantería de Monte 28, conocidos como “Los Rodillas Negras”, una unidad vinculada a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Su inclusión reaviva temores de una regresión institucional peligrosa, en la que se borran los límites entre defensa y seguridad interior.

Organismos como el CELS manifestaron su preocupación por la falta de transparencia. Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del organismo, advirtió que aún no se han hecho públicas las reglas de empeñamiento —es decir, los límites operativos del accionar militar— lo que implica un riesgo considerable de abusos. “Es como tener fuerzas actuando en la vía pública sin saber con qué atribuciones lo hacen. La ciudadanía queda a merced de decisiones arbitrarias”, sostuvo.

El antecedente del asesinato del joven bagayero Fernando Martín Gómez, abatido por un gendarme en Orán en diciembre pasado, alimenta la inquietud sobre el impacto real de estas medidas en las comunidades más vulnerables de la frontera. Mientras tanto, desde el Congreso, el diputado Leopoldo Moreau presentó un pedido de informes solicitando explicaciones sobre el contenido y los criterios legales del operativo.

La exministra Sabina Frederic no dudó en calificar la decisión como “una provocación ideológica en plena campaña”, y recordó las contrataciones irregulares realizadas por Bullrich durante la gestión de Macri, cuando se decretó la emergencia en seguridad como vía para implementar políticas similares.

La retórica oficial no escatima en gestos desafiantes. En redes sociales, Petri celebró el despliegue del Regimiento 28 con imágenes de soldados camuflados y una frase contundente: “Desde lo profundo del monte salteño, esta unidad del Ejército se entrena con rigor y coraje para salvaguardar nuestra soberanía”.

Pero detrás del discurso épico y la postal militar, se instala un debate más profundo: ¿hasta qué punto es legítimo, legal y deseable involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas propias de la seguridad interior? En una democracia que aún convive con los ecos del terrorismo de Estado, el avance de estos operativos sin control parlamentario y con fuerte carga simbólica autoritaria pone en duda no sólo su efectividad, sino también su verdadera intención.