La Cámara Federal de Corrientes ratificó este miércoles el procesamiento de los 10 acusados de entorpecer la investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña. Los implicados se presentaban como integrantes de la Fundación Dupuy, sin estar oficialmente vinculados a la organización ni contar con las habilitaciones profesionales que afirmaban tener.

Fraude, encubrimiento y privación ilegítima de la libertad

Los procesados son Elizabeth Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Leonardo Daniel Rubio, Verónica Paola Machuca Yuni, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Nicolás Gabriel Soria y Esteban Federico Rossi Colombo. Enfrentan cargos por privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, estafa calificada contra la administración pública y usurpación de títulos, entre otras imputaciones.

A pesar de las apelaciones presentadas por sus defensas, los jueces Luis González, Selva Spessot y Mirtha Sotelo de Andreau confirmaron la mayoría de los procesamientos dictados en octubre pasado por la jueza de Goya, Cristina Pozzer Penzo.

Manipulación de testimonios y fraude al Estado

De acuerdo con la investigación, los acusados habrían trasladado a menores de edad a un hotel denominado “Despertar del Iberá”, donde restringieron su libertad y manipularon sus testimonios para obstaculizar la causa. Todo esto bajo la fachada de un supuesto programa de contención psicológica que carecía de autorización oficial.

Además, se comprobó que los imputados utilizaron la Fundación Dupuy para obtener pagos fraudulentos del municipio de 9 de Julio, por un total de $1.800.000, supuestamente destinados a honorarios y servicios especializados que nunca fueron prestados o realizados por personas sin titulación habilitante.

Modificaciones en las imputaciones

Si bien la Cámara ratificó el procesamiento, introdujo modificaciones en favor de Rubio y Taborda, al determinar que no estuvieron presentes en el lugar de los hechos vinculados con la privación ilegítima de la libertad. Asimismo, Rubio y Noguera pasaron de ser considerados coautores a partícipes secundarios en algunos delitos.

Soria sigue siendo el más comprometido, ya que, además de los cargos mencionados, enfrenta imputaciones por suministro gratuito de estupefacientes, atentado contra la autoridad y usurpación de títulos, al haberse presentado falsamente como integrante de Interpol.

Embargos y medidas cautelares

A pesar de que la mayoría de los acusados recuperó la libertad, la Cámara mantuvo un embargo de un millón de pesos sobre los bienes personales de cada uno, en función de la gravedad de los hechos imputados.

El caso sigue generando conmoción y expone las falencias en los controles sobre organizaciones que se presentan como especialistas en asistencia social, pero que en realidad operan bajo maniobras fraudulentas que afectan la justicia y la administración pública.