Apenas cuatro días después de la última conmemoración del 24 de marzo, el ministro de Defensa, Luis Petri, tomó la decisión de eliminar los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA), organismos encargados de examinar archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de lesa humanidad. La medida fue acompañada por descalificaciones hacia los expertos del área, a quienes el gobierno tildó de "vengadores" y acusó de aplicar "macartismo" contra los militares. Esta decisión marcó el inicio de un año en el que la administración de Javier Milei se dedicó a desmontar las políticas públicas de derechos humanos, consolidando un preocupante retroceso en el compromiso del país con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La eliminación de los ERyA no fue un hecho aislado. Su desmantelamiento se suma a un conjunto de acciones gubernamentales que han socavado áreas clave dedicadas a la investigación y documentación de crímenes de lesa humanidad. En el ámbito judicial, más de 30 fiscales solicitaron a Petri que revisara su decisión, advirtiendo que la ausencia de estos equipos dificultaría el acceso a pruebas documentales necesarias para los juicios en curso. Sin embargo, el ministro oficializó la eliminación de los ERyA en julio, ignorando los reclamos del sector judicial y organismos de derechos humanos.

Ataques sistemáticos a los organismos de derechos humanos

La política de desfinanciamiento y desestructuración también alcanzó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), institución clave en la búsqueda de nietos apropiados durante la dictadura. En agosto, Milei firmó el decreto 727, que eliminó la Unidad Especial de Investigación (UEI) dentro de la Conadi, justificando que sus funciones debían ser asumidas exclusivamente por la Justicia. La eliminación de esta unidad significa un duro golpe en la identificación de personas apropiadas ilegalmente, ya que, desde su creación, la UEI abordó casi 7000 casos, resolviendo más del 35% sin intervención judicial.

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), institución crucial en la identificación de víctimas de desapariciones forzadas, también enfrenta un escenario de precarización al operar con el mismo presupuesto que en 2023, a pesar de la inflación y el aumento de costos operativos. Paralelamente, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) ha sido reducido a su mínima expresión tras la ola de despidos, afectando la reconstrucción de identidades y testimonios esenciales en los juicios.

El desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos

Desde que Alberto Baños asumió como titular de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH), el organismo ha perdido a más de la mitad de sus trabajadores. Según estimaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en diciembre de 2023 la SDH contaba con 1050 empleados, pero un año después apenas quedaban 500. Entre los despedidos se encuentran abogados querellantes en juicios de lesa humanidad y peritos especializados en crímenes del terrorismo de Estado, dejando a muchas causas en una situación crítica.

Baños también ordenó el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la exESMA, y ha ejercido un fuerte control sobre el Espacio Memoria y Derechos Humanos, restringiendo actividades culturales y de concientización. A su vez, la presencia policial en estos sitios se ha incrementado, generando un clima de intimidación hacia las organizaciones que históricamente han co-gestionado estos espacios.

El futuro de las políticas de memoria en Argentina

Los organismos de derechos humanos han denunciado que estas medidas no solo responden a un plan de ajuste estatal, sino que constituyen un intento deliberado por reinstalar la impunidad en Argentina. A esta preocupación se suma la revelación de encuentros entre diputados de La Libertad Avanza y represores condenados en la cárcel de Ezeiza, lo que refuerza la hipótesis de un pacto para minimizar o anular las condenas por delitos de lesa humanidad.

Este lunes, en Plaza de Mayo, al finalizar la marcha por los 49 años del golpe de Estado, el movimiento de derechos humanos hará público un documento en el que expondrá el impacto de estas políticas y exigirá respuestas al gobierno. En un país que ha sido reconocido internacionalmente por su compromiso con la justicia y la reparación histórica, la actual administración parece dispuesta a borrar ese legado.