El constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó un pedido de informes para que la Corte Suprema aclare si se cumplieron todos los pasos administrativos antes de tomarle juramento a Manuel García-Mansilla como nuevo juez del máximo tribunal. La solicitud se enfoca en una irregularidad clave: el magistrado habría asumido sin haber dado de baja su matrícula de abogado, requisito obligatorio para evitar conflictos de interés.

La jura de García-Mansilla se llevó a cabo el 27 de febrero, en un acto inusualmente discreto y sin difusión oficial. El evento no contó con la presencia de familiares ni allegados, y solo participaron un grupo reducido de funcionarios judiciales y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. La premura en su nombramiento, según diversas fuentes, estaría vinculada al temor de que la Justicia federal interviniera para frenar su designación.

Gil Domínguez exige que la Corte informe qué documentación consta en el expediente de García-Mansilla, nombrado por decreto por el presidente Javier Milei sin la aprobación del Senado. La preocupación principal es que el flamante cortesano aún figuraba como abogado habilitado, sin haber notificado la nómina de clientes que representó, un aspecto clave para evaluar posibles conflictos de interés.

Vínculos y antecedentes del nuevo juez

Antes de asumir en la Corte, García-Mansilla fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, institución vinculada al Opus Dei. También se desempeñó como director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y trabajó en estudios jurídicos de peso, como Liendo y Asociados y Marval, O’Farrell & Mairal, donde intervino en litigios estratégicos ante el máximo tribunal.

Su ingreso a la Corte fue impulsado por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, quienes aceleraron su jura en un contexto de tensión institucional. En paralelo, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, analizaba pedidos de inconstitucionalidad contra el decreto 137/2025, que permitió su designación directa sin el visto bueno del Senado.

Doble vara en la Corte Suprema

El caso de García-Mansilla contrasta con el de Ariel Lijo, otro magistrado elegido por Milei para sumarse al tribunal. A diferencia del primero, la Corte determinó que Lijo debía renunciar a su cargo en Comodoro Py antes de incorporarse, lo que generó suspicacias sobre la disparidad de criterios dentro del máximo tribunal.

En una jugada inesperada, García-Mansilla votó junto a Rosatti y Rosenkrantz para bloquear la incorporación de Lijo, una decisión que causó malestar en la Casa Rosada y dejó en evidencia fracturas dentro del oficialismo y la propia Corte.

El pedido de informes y el papel de Rosenkrantz

La solicitud de Gil Domínguez debe ser respondida por la Dirección de Relaciones Institucionales del tribunal, a cargo de Fernando Sagarna, hombre de confianza de Lorenzetti. Sin embargo, esta oficina fue recientemente reestructurada y ahora depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional, bajo la órbita de Rosenkrantz.

La situación pone nuevamente en debate la transparencia en el funcionamiento del máximo tribunal y el apuro con el que se tomó juramento a García-Mansilla, un nombramiento que sigue generando controversia en el ámbito judicial y político.