El Gobierno sancionó la Ley 27.786, conocida como la Ley Antimafias, que redefine el concepto de organizaciones criminales y establece penas más severas para quienes participen en ellas. Esta ley abarca delitos como el narcotráfico, la corrupción, el tráfico de personas, el lavado de dinero y la extorsión, entre otros.

La nueva normativa, aprobada por el Congreso en el último período de sesiones extraordinarias, define a las organizaciones criminales como "grupos de tres o más personas que, durante un período determinado, en áreas geográficas específicas y bajo modalidades operativas definidas, actúan de manera concertada con el fin de cometer delitos graves".

Una de las principales modificaciones que introduce la Ley Antimafias es la posibilidad de declarar ciertas zonas como "zonas sujetas a investigación especial", lo que facilita la actuación de la justicia. Esto permitirá que fiscales federales colaboren con fuerzas de seguridad y autoridades provinciales para llevar adelante investigaciones y operativos de mayor alcance.

La ley también establece penas más duras para quienes integren o colaboren con organizaciones criminales. Las condenas pueden oscilar entre 8 y 20 años de prisión, y, en algunos casos, los miembros de estas organizaciones podrían recibir la pena correspondiente al delito más grave cometido por el grupo, sin importar su rol específico.

Principales cambios introducidos por la Ley 27.786

Investigación Especial: La ley permite declarar áreas como zonas sujetas a investigación especial, lo que facilita la coordinación entre fuerzas de seguridad federales y provinciales, así como la intervención judicial. Además, se habilita la intercepción de comunicaciones y la incautación de bienes relacionados con actividades ilícitas.

Modificación del Código Penal: La ley incorpora nuevos artículos que incrementan las penas para quienes participen o colaboren en la formación de organizaciones criminales, con condenas que pueden variar entre 8 y 20 años de prisión, especialmente en delitos graves como el narcotráfico y la trata de personas.

Decomiso Anticipado de Bienes: La ley permite el decomiso anticipado de bienes vinculados a actividades criminales, incluso antes de una sentencia condenatoria. Si el Ministerio Público Fiscal lo solicita, los bienes pasarán a ser administrados por el Estado. En caso de que el imputado sea absuelto, los bienes serán devueltos, protegiendo así el derecho a la propiedad.

Detenciones Prolongadas: En el caso de investigaciones vinculadas a delitos transnacionales, la detención podrá extenderse hasta 15 días, con la opción de prórroga si se cuenta con la autorización judicial correspondiente.