El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, está impulsando fuertemente a sus candidatos para ocupar puestos clave en el sistema judicial de Rosario. En particular, el cargo de fiscal regional de Rosario, un puesto de gran influencia en una de las regiones más complejas del país, será disputado en un concurso público por siete aspirantes.

El actual titular interino, Matías Merlo, quien asumió el cargo en 2023 tras una serie de crisis dentro de la fiscalía, busca ser confirmado en su puesto. Se espera que, si su plan de trabajo es aprobado, el gobernador lo proponga a la Legislatura, donde su coalición tiene mayoría.

Además de la elección del fiscal regional, se están definiendo otros cargos cruciales dentro de la Justicia Penal de Rosario. En un reciente concurso para dos vacantes en la Cámara Penal, se inscribieron 64 postulantes, entre los que se encuentran camaristas, jueces de primera instancia, fiscales, defensores y abogados. De estos, 40 presentaron su oposición ante el jurado.

Los dos favoritos del gobernador Pullaro para estos puestos son Silvia Castelli, jueza penal de primera instancia, y Miguel Moreno, jefe de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Regional de Rosario.

La crisis que atravesó la Fiscalía Regional de Rosario en los últimos años, marcada por escándalos de corrupción y denuncias cruzadas entre fiscales, ha dejado una profunda huella en la imagen pública del organismo.

La reciente controversia que involucró a varios fiscales, incluida la denuncia de encubrimiento de actividad criminal por parte del fiscal Matías Edery, contribuyó a una reestructuración interna que culminó en la designación de Merlo como fiscal regional interino. Este contexto ha favorecido la continuidad de Merlo en el cargo, con el respaldo tanto del gobierno provincial como de la fiscal general, María Cecilia Vranicich.

El proceso de selección de candidatos se ha simplificado recientemente con un sistema binario de evaluación, lo que ha generado críticas de aquellos que consideran que se elimina la rigurosidad en la calificación y se favorece la discrecionalidad del gobernador al momento de hacer sus propuestas. Sin embargo, funcionarios del Ejecutivo defienden este enfoque, argumentando que si un candidato supera la evaluación, debe ser considerado apto para el puesto y que el gobernador tiene la legítima potestad de proponer a quienes considera más competentes desde el punto de vista técnico y político.

En cuanto a la Cámara Penal de Rosario, además de los dos puestos vacantes, hay más cargos por cubrir, con varios nombres de peso en la lista de concursantes, incluyendo jueces locales y fiscales destacados. Dentro de estos, Castelli y Moreno son los preferidos del gobierno para ocupar estas vacantes.

Este proceso de selección no solo define el futuro de la justicia penal en Rosario, sino que también es clave para el control político y administrativo del sistema judicial en la provincia. Mientras tanto, los próximos días se perfilan como decisivos para la definición de estos cargos estratégicos.