La Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, avanza con una medida de recorte que afectará al menos 695 cargos en la Dirección General Impositiva (DGI) y cerrará varias oficinas en la provincia de Buenos Aires. Esta decisión, respaldada por la disposición 36/2025 y amparada por la Ley Nº 27.742, generó fuertes críticas y reclamos, tanto de sindicatos como de municipios afectados.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la medida implica una reducción del 27 por ciento en la estructura de la DGI, aunque no se especificaron inicialmente las sedes que serían cerradas. Con el paso de los días, se reveló que las delegaciones de Hurlingham, Merlo, La Matanza, José C. Paz, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui serán impactadas, mientras que en el interior de la provincia las oficinas de Bragado, San Nicolás, San Pedro y Chivilcoy también cerrarán en un plazo de 45 días. Esto obligará a los contribuyentes a trasladarse a otras localidades para realizar trámites impositivos.

El Gobierno sostiene que la medida tiene como objetivo "mejorar la eficiencia organizacional" y reducir costos al considerar que la estructura de la DGI está sobredimensionada. Sin embargo, este argumento no fue bien recibido en las delegaciones afectadas. En San Nicolás, 35 trabajadores están a la espera de definiciones sobre su futuro laboral, mientras que en Chivilcoy, el cierre de la oficina local obliga a los empleados a depender de otras sedes en Mercedes o Junín. Municipios como Bolívar y Navarro también se manifestaron en contra de la reestructuración, ya que consideran que afectará la autonomía local y dificultará el acceso a servicios públicos.

El sindicato AEFIP (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos) convocó asambleas en diversas regiones para debatir la medida y anticipa acciones gremiales y judiciales para frenar los cierres. El secretario general de AEFIP, Juan Martín Andrés, calificó el recorte como "una medida intempestiva" y aseguró que se opondrán firmemente a la reducción. Además, el sindicato denunció presiones del Gobierno para que se levante una cautelar que hasta el momento ha impedido despidos masivos en ARCA.

El conflicto se intensificó cuando Andrés reveló que los distritos de San Nicolás, San Pedro, Bragado y Chivilcoy serían los más afectados por el cierre de 68 oficinas en la región. Los empleados de ARCA ya se declararon en estado de asamblea y están preparando acciones judiciales para frenar la decisión. Según el dirigente, el Gobierno parece desinteresado en mantener una estructura sólida para la recaudación fiscal, lo que podría poner en riesgo los recursos destinados a educación, salud y justicia.

A nivel municipal, los gobiernos de Navarro y San Pedro expresaron su rechazo al cierre de oficinas, argumentando que afecta la accesibilidad de los ciudadanos a servicios públicos esenciales. En San Pedro, más de 60 mil contribuyentes se verán obligados a viajar a Zárate, generando costos adicionales y pérdida de tiempo.

El plan de reestructuración sigue adelante, con la próxima reunión de la mesa de diálogo entre AEFIP, SUPARA (Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina) y el empleador prevista para el martes 11. En su último comunicado, los sindicatos solicitaron una recomposición salarial urgente y manifestaron su preocupación por el impacto de los cierres en la situación laboral y familiar de los trabajadores.

Con el plazo de 45 días para la implementación de los cierres y la creciente resistencia gremial, la medida parece estar generando un conflicto prolongado que podría extenderse más allá del 31 de marzo, fecha límite para los retiros voluntarios y desvinculaciones de empleados.