El gobierno de Javier Milei profundiza su agenda con medidas radicales que generan controversia y preocupación en distintos sectores. En apenas una semana, el oficialismo aceleró decisiones que marcan un rumbo de confrontación con organismos internacionales, políticas de género y el rol del Estado en áreas clave.

Entre los anuncios más resonantes, se destaca la decisión de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una medida que Milei justificó con duras críticas a la gestión de la pandemia de Covid-19 y la catalogación del organismo como un "brazo ejecutor de control social". En la misma línea, el Gobierno anticipó que estudia salir del Acuerdo de París sobre cambio climático, lo que implica un retroceso en los compromisos ambientales del país.

Por otro lado, la administración libertaria avanzó en la modificación de la Ley de Identidad de Género, restringiendo los tratamientos hormonales y cirugías de adecuación corporal solo a mayores de 18 años. Esta decisión, que Milei enmarca en su "batalla cultural", ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y sectores de la comunidad LGBTIQ+, que denuncian un retroceso en la protección de derechos adquiridos.

En el ámbito político, el oficialismo logró una victoria con la media sanción para suspender las PASO, exponiendo divisiones en la oposición. Además, consiguió la aprobación de proyectos para endurecer penas a delincuentes reincidentes y habilitar juicios en ausencia, medidas que refuerzan su discurso punitivista.

El presidente no detiene su ofensiva y prepara un nuevo megadecreto para la próxima semana, con el objetivo de reducir el gasto público mediante la fusión o cierre de cerca de 50 organismos. Esta política de ajuste, justificada bajo el argumento de eliminar estructuras "innecesarias", podría impactar severamente en áreas sensibles de la administración pública.

Otro punto de conflicto es la posible disolución de la Secretaría de Hábitat y Vivienda, que dejaría en suspenso programas destinados a la construcción de viviendas, afectando a miles de familias que dependen de estos planes.

Las decisiones de Milei reflejan una estrategia clara de desregulación y recorte del Estado, pero plantean serias dudas sobre sus consecuencias económicas y sociales. Mientras tanto, la oposición y distintos sectores de la sociedad comienzan a articular respuestas ante un modelo de gobierno que avanza con medidas drásticas y sin margen para el consenso.