El Gobierno anunció la revisión y posible eliminación de 70 programas financiados por la exSecretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo el argumento de optimizar recursos y eliminar gastos innecesarios. Esta medida, formalizada en la resolución 10/2025 y publicada en el Boletín Oficial, otorga a la Secretaría encabezada por Darío Genua la facultad de identificar proyectos vencidos, sin ejecución o superpuestos con otras áreas, exigiendo devoluciones económicas en caso de irregularidades.

Desde la Secretaría explicaron que los programas que demuestren impacto positivo en el desarrollo del país serán preservados, pero señalaron que algunos proyectos presentan inconsistencias, como falta de resultados o superposición de funciones con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

Organizaciones vinculadas a los proyectos cuestionaron la medida, asegurando que los programas señalados fueron ejecutados y rendidos correctamente. Desde la Federación de Cooperativas de Reciclado, beneficiaria de un programa de actualización tecnológica, aseguraron haber cumplido con todas las auditorías requeridas y destacado que los fondos se utilizaron para desarrollar un sistema de gestión que mejoró la comercialización colectiva y la eficiencia operativa. “El trabajo fue presentado, rendido y ejecutado. Todo está aprobado y operativo”, afirmaron.

Por su parte, la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros también defendió el desarrollo de una plataforma digital destinada a las infancias de la economía popular, argumentando que el proyecto fue entregado y sigue en funcionamiento. “Si el Gobierno pretendía una auditoría más rigurosa, eso es responsabilidad del Estado, pero no es justo acusar de incumplimiento a las organizaciones que siguieron los procesos establecidos”, señalaron.

Los argumentos del Gobierno

Según la resolución, el objetivo es garantizar que los escasos recursos estatales sean destinados a necesidades prioritarias y urgentes de la población. “Todas las áreas del Estado Nacional deben procurar un análisis minucioso de las cuentas, eliminando gastos innecesarios o inconvenientes”, se lee en el documento.

Sin embargo, organizaciones y especialistas advierten que esta política podría responder a una estrategia más amplia para desmantelar programas colectivos y desfinanciar la ciencia y tecnología, debilitando sectores clave para el desarrollo del país.