El Gobierno Nacional, mediante la Resolución 16/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial, convocó a una audiencia pública con el objetivo de establecer los nuevos precios para las tarifas de transporte y distribución de gas, así como definir la metodología de ajustes periódicos. La audiencia se llevará a cabo de manera virtual el próximo jueves 6 de febrero a las 9 de la mañana, en la modalidad que se utilizó en anteriores ocasiones. Los interesados en participar podrán inscribirse a través del sitio web del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Esta audiencia forma parte del proceso de revisión tarifaria integral que realiza el Enargas, abarcando a todas las licenciatarias responsables del transporte y distribución de gas en el país. Su principal objetivo es actualizar los valores máximos de las tarifas, adaptándolos a las condiciones actuales del sector y asegurando la sostenibilidad del sistema gasífero.

Los temas que se tratarán durante la audiencia incluyen la Revisión Quinquenal de Tarifas, la metodología para ajustes periódicos y una modificación del Reglamento de Servicio de Distribución, en particular en lo que refiere a la posibilidad de corte del servicio por falta de pago. Esta revisión integral busca equilibrar las necesidades de los usuarios con las expectativas de las empresas prestadoras.

El Enargas destacó la importancia de esta instancia como un mecanismo de participación ciudadana, permitiendo que las opiniones y exposiciones de los asistentes sean evaluadas de acuerdo con la normativa vigente, garantizando así un proceso transparente y equitativo. También se subrayó la relevancia de las posturas de las empresas prestadoras, cuyos conocimientos y experiencias enriquecen el debate.

Este proceso de revisión tarifaria se realiza cada cinco años y tiene como objetivo mantener un equilibrio entre la necesidad de inversión en infraestructura y la capacidad de pago de los usuarios. Además, se busca evitar distorsiones que puedan afectar el acceso a este servicio esencial.

Con esta convocatoria, el Ejecutivo reafirma su compromiso con la participación ciudadana y la transparencia en la gestión de los servicios públicos, proponiendo un esquema de ajustes periódicos que brinde previsibilidad a las empresas prestatarias y promueva un marco regulatorio estable para el desarrollo sostenible del sector.